Planned Parenthood podría tener que pagar 1080 millones de dólares en medio de una amplia demanda por fraude a Medicaid que acusa a la organización de prácticas de facturación engañosas y uso indebido de fondos federales. La demanda, presentada por antiguos empleados en virtud de las leyes de denuncia de irregularidades, alega que Planned Parenthood presentó documentación falsificada e infló los reembolsos por los servicios pagados por Medicaid.
Según la Ley de Reclamaciones Falsas, la demanda dice que el proveedor de abortos abusó de Medicaid facturando procedimientos no cubiertos y tergiversando la necesidad médica. Alega que millones de dólares de los contribuyentes fueron desviados a través de reclamaciones fraudulentas durante varios años. Los denunciantes, antiguos empleados, afirman tener conocimiento directo de las prácticas internas que enmascararon el uso indebido.
Si los demandantes prevalecieran, las sanciones financieras serían enormes: no solo el reembolso de los supuestos sobrecargos, sino el triple de los daños y perjuicios en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, más las sanciones civiles por cada reclamación falsa. Incluso si tuviera un éxito parcial, el caso podría obligar a realizar auditorías más estrictas, un cumplimiento más riguroso y una mayor transparencia por parte de Planned Parenthood y entidades similares.
El litigio aún se encuentra en sus primeras etapas: se están presentando mociones y contramociones, y la presentación de pruebas está en curso. Las resoluciones del tribunal sobre la admisibilidad de las pruebas de los denunciantes y las interpretaciones de la política de Medicaid serán clave.
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