El Perú ha sido considerado uno de los peores países en el mundo en el manejo de la pandemia del Coronavirus. Esto no sólo en lo que corresponde a niveles de contagio y de muertes, sino también en materia económica. Es un círculo vicioso pues las malas decisiones políticas en el ámbito sanitario siguen arrastrando consigo miles de puestos de trabajo, empresas y negocios, devolviendo a la pobreza a miles de familias que ya habían conseguido salir de ella gracias al crecimiento sostenido que había tenido el país durante las últimas dos décadas.
A la fecha, en el Perú la cifra oficial de fallecidos por COVID es de un poco más de 42 mil. Este número no considera aquellas personas que han muerto de este mal sin ser registradas en el sistema. De hecho, se estima que el número puede ser hasta el triple del que arroja el Ministerio de Salud. Además, desafortunadamente, en las últimas semanas el país viene enfrentando una feroz segunda ola, con más contagiados y, nuevamente, un sistema de salud colapsado, sin camas hospitalarias, ni balones de oxígeno. Mucho menos camas UCI. Las vacunas chinas recién empiezan a llegar, pero en cantidades insuficientes. No bastan ni para cubrir la totalidad de personal de primera línea. A esto se suma un nuevo confinamiento que, como sucedió en la primera ola, tampoco está acompañado de medidas sanitarias efectivas lo que está llevando a que muchos negocios que pudieron sobrevivir la crisis quiebren definitivamente.
Sin embargo, como si vivieran en una realidad paralela, en el Perú hay un grupo de funcionarios públicos que, no obstante la catástrofe que se vive, no se les despeina un pelo para empujar su agenda progresista, como si esta fuera prioritaria en el contexto que padecemos. Ejemplifiquemos con un caso concreto. El pasado 8 de febrero la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República realizó la vigésima séptima sesión ordinaria en la que tuvo dos actividades principales. La primera fue la presentación de la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Silvia Rosario Loli Espinoza. Ella informó sobre las acciones concretas que se están adoptando para prevenir la violencia en contra de las mujeres y niñas durante el confinamiento que fue decretado desde el 31 de enero de este año. Cabe resaltar que el ministerio mencionado ha puesto casi todas sus energías en su agenda de violencia de “género” durante la pandemia que en cualquier otro problema que viven muchísimas familias debido al COVID y que no tienen que ver precisamente con la violencia. Por ejemplo, el cuidado de los niños durante las horas que solían asistir a la escuela y que permitía trabajar a los padres fuera de casa y que hoy, con la educación a distancia, se ha vuelto un obstáculo que involucra directamente el sustento familiar. Y ni qué decir sobre la cantidad de familias que, debido al confinamiento, no pueden llevar el sustento diario a su hogar. Personas realmente vulnerables que el ministerio que debería atender pone en planos menores en su agenda.
A pesar de ello, durante la sesión de la comisión congresal, lo que más resaltó fue la segunda presentación que estuvo a cargo de las madres integrantes de la “Asociación de Familias por la Diversidad Sexual” quienes, tal como consta en el acta de convocatoria, fueron invitadas para comentar sobre su experiencia y la de sus hijos con relación al tema de identidad de género al interior de las familias. ¿Realmente es lo más importante hoy en la realidad de la mujer y familias peruanas?
Coincidentemente, el mismo día, el congresista Alberto de Belaunde, del Partido Morado, presentaba con bombos y platillos un proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión que, tal como explicó, “es una iniciativa que busca proteger la identidad de género u orientación de posibles actos que atenten contra la libre autodeterminación”. También busca incorporar el enfoque de diversidad sexual en la Ley de Salud Mental, así como penalizar a las personas que se presten a ayudar a otros que buscan libremente una terapia privada, entre otros.
Como dijimos líneas arriba, estas son solo dos muestras recientes de las iniciativas que se vienen impulsando a nivel político durante la crisis sanitaria que arrasa feroz con la vida, salud y trabajo de miles de peruanos. Pero si nos parece pocas estas señales, aquí damos algunas más. El pasado 22 de enero el congresista Gino Costa, también del Partido Morado, presentó un proyecto de ley para despenalizar la eutanasia. Este último forma parte de una estrategia más amplia que se viene impulsando desde hace un año para permitir el suicidio asistido de la ciudadana Ana Estrada, y que involucra al Poder Judicial y a la Defensoría del Pueblo. Finalmente, y no por eso menos importante, ya se ha hecho publico que desde el inicio de la pandemia en el 2020 ha habido varias iniciativas impulsadas por ONG’s sobre todo para utilizar el Covid como causa para permitir abortos “terapeúticos” sin mayor protocolo, aún cuando ya se sabe que el bebé puede nacer sano incluso de una madre infectada con el virus.
Estos son solo algunos ejemplos recientes de cómo la agenda de género y progresista no conoce prioridades. Si bien uno de sus motos marketeros es preocuparse por los más necesitados y vulnerables, parecería que para ellos en estas categorías no entran las cientos de miles de personas que hoy sufren realmente por la pandemia. Algunos congresistas y funcionarios públicos, quienes deberían ser los primeros en preocuparse por ayudar a enfrentar los estragos que deja el COVID, parecen más bien interesados en aprovechar esta oportunidad para ir empujando solapada y astutamente su agenda, y así responder tanto a intereses personalísimos como a los de asociaciones y ONGs que mueven sus fichas en el plano político para lograr sus objetivos.