En una vista ante un tribunal federal, los abogados que representan a más de 300 padres, principalmente de las comunidades católica, musulmana y ortodoxa etíope del condado de Montgomery (Maryland), defendieron el derecho a excluir a sus hijos de los materiales de lectura escolares que promueven la homosexualidad y el transexualismo.
El caso, Mahmoud contra McKnight, fue acelerado por el Tribunal de Apelación del 4º Circuito de Richmond, Virginia, lo que indica su prioridad. Los padres, representados por el abogado Eric Baxter, del bufete Becket, afirmaron que las escuelas no deberían imponer la instrucción sobre género y sexualidad sin notificarlo a los padres.
Demandaron al Consejo de Educación del condado de Montgomery el 24 de mayo, impugnando los cambios en las políticas de notificación a los padres y de exclusión voluntaria adoptados el 1 de mayo.
Según la nueva norma, el distrito escolar ya no notifica a los padres sobre la lectura de materiales que promuevan la homosexualidad, el transexualismo y la ideología de género. Además, ya no se permite a los padres optar por no participar en estos cursos.
El abogado William Haun, asesor principal de Becket, subrayó la importancia de la participación de los padres, especialmente en la escuela primaria, e instó al tribunal a restablecer la notificación y la exclusión voluntaria. A pesar de las protestas y el rechazo, un juez federal de distrito falló en contra de los padres el 24 de agosto, permitiendo que la política entrara en vigor en otoño de 2023.
Haun expresó su esperanza de que el tribunal de apelaciones, que parecía receptivo a los argumentos de los padres, restableciera su derecho a no participar.
Destacó que los padres abogan por las mismas cláusulas de exclusión voluntaria que estuvieron disponibles sin incidentes durante el curso escolar anterior. El caso suscita la preocupación de que los padres se vean obligados a elegir entre retirar a sus hijos de la escuela pública o que se les enseñen materiales que entran en conflicto con sus creencias religiosas.
Una familia afectada, los Morrison, compartió su experiencia de que a su hija de 10 años con síndrome de Down y trastorno por déficit de atención se le leyera material pro-homosexual y transgénero, lo que le causó confusión.
A pesar de la sentencia de agosto, Haun señaló que la apertura del tribunal de apelación a los argumentos de los padres y la vista acelerada indican la posibilidad de una sentencia en los próximos meses.
Hizo hincapié en la importancia nacional del caso, sugiriendo que permitir que tales políticas persistan podría señalar un cambio en la larga asociación entre los padres y las escuelas públicas a favor de una agenda ideológica.
En la actualidad, 47 estados siguen exigiendo la exclusión o la inclusión voluntarias en la enseñanza de la sexualidad y las cuestiones familiares de género, lo que refleja un consenso nacional. Las singulares restricciones del condado de Montgomery, específicamente en relación con ciertos libros, subrayan las implicaciones más amplias del caso.