Los políticos, líderes cívicos y eclesiásticos, comunidades religiosas y organizaciones profamilia que se oponen a la ideología de género y a la agenda LGBT están en la mira de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la socialista Michelle Bachelet, expresidente de Chile, prepara un informe que pretende «mapear» personas y entidades que cuestionan «la validez de una amplia gama de orientaciones sexuales e identidades de género».
El encargado del documento es Víctor Madrigal-Borloz, un abogado costarricense, estrecho colaborador de la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas (ILGA) y miembro fundador de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI), que opera como despacho jurídico de causas LGBT. Trabajó en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue nombrado por Bachelet experto Independiente de la ONU a finales de 2017.
Para la elaboración del informe Madrigal-Borloz parte del supuesto de que el «enfoque de género» es incuestionable, sustentado por un análisis académico «exhaustivo», que valida el concepto «género» como una construcción social sin correlación directa ni necesaria con el sexo biológico, y que compreende una «amplia gama de identidades»: homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, etcétera.
Rechazar esta perspectiva, según el activista, alimenta «la violencia y la discriminación» y tiene repercusiones en los «derechos sexuales y reproductivos», afirmar que es una ideología es abrazar una «narrativa de odio».
La oficina publicó en enero un llamado a enviar contribuciones para informe especialmente dirigida a «los grupos que trabajan en las intersecciones entre el género y los derechos». Usted puede leerlo aquí.
El texto reconoce que el «análisis de género» ha influido en la reinterpretación de los derechos reconocidos en las normas internacionales y manifiesta preocupación por la actuación en órganos multilaterales y regionales de personas y grupos orientados a eliminar el «marco de género” de los instrumentos y procesos de la normativa internacional de derechos humanos y de los documentos legislativos y normativos nacionales».
Madrigal-Borloz quiere «mapear» quienes son, dónde y cómo actúan y qué argumentos usan para ello. Pide que se informe que dirigentes políticos y religiosos han propiciado, con sus declaraciones, la «prolongación, modificación o supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género».
Y pregunta explícitamente: «¿quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada ‘ideología de género’?» Al parecer, habrá mención nominal de esos actores en el informe en una especie de «lista negra».
También a gobiernos serán «listados» pues se piden informaciones de si las autoridades han adoptado o no por «definiciones de género y conceptos conexos» en políticas públicas y leyes; si los Estados se han adherido o no a tratados que impliquen ese enfoque, y si imparten o no educación sexual en las escuelas que contemplen «las diversas identidades de género».
El zar de la ONU parece estar adoptando el enfoque del Southern Poverty Law Center, que crea listas de «grupos de odio» integrando a quienes tienen una perspectiva cultural y política diferente a la suya.
La ONU quiere saber también «cuáles son los principales argumentos» de quienes combaten la ideología de género y de qué forma se usan las “narrativas tradicionales y religiosas” para apelar a la “protección de la familia”. Parece buscar un «modelo» para luego deconstruirlo pieza por pieza.
También indaga si «existen iniciativas adoptadas por los Estados en relación con el derecho a la libertad de religión, creencias o conciencia (incluida la figura de la objeción de conciencia) que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos (incluidos los derechos sexuales y reproductivos) de las personas LGBT».
Nótese que Madrigal no reconoce – en ese párrafo – la objeción de conciencia como derecho y que, en la línea de lo que actualmente acontece en el sistema interamericano de derechos humanos, donde trabajó Madrigal, pretende sobreponer los supuestos «derechos» sexuales, reproductivos y a la «identidad de género» a los derechos fundamentales – ampliamente consolidados – de la libertad de religión, creencias o conciencia.
En julio de 2019, el costarriquense publicó otro informe para la oficina del Alto Comisionado donde pidió a los estados «tomen medidas decisivas» contra los líderes religiosos que se oponen a los «derechos LGBT», entre ellos el acceso al llamado «matrimonio igualitario».
La recepción de contribuciones tiene como fecha limite el próximo 28 de febrero, y el informe se presentará al 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que reúne del 21 junio de 2021 al 9 julio de 2021.
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