La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres estima el recurso de la Fundación Española de Abogados Cristianos y reabre el caso contra el presidente de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez.
Cita a declarar a cinco alcaldes de la provincia, entre ellos al de la capital, Luis Salaya. También llama a declarar a los alcaldes de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, y Barrado.
Abogados Cristianos acusa al presidente de la Diputación de un delito de prevaricación (art. 404 CP) con el agravante de discriminación y otro delito de odio (art. 510 CP).
Denuncia que “por parte de la Diputación de Cáceres se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada”.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra que “la Justicia investigue el caso”. Pide que “se paralicen todos los derribos de cruces en la provincia ya que el responsable de ellos está siendo investigado por este motivo”.
Castellanos asegura que “lo que está haciendo la Diputación de Cáceres es un ejemplo más de cómo gobernantes de partidos laicistas utilizan cualquier excusa para acabar con símbolos cristianos”.
Recuerda que “la Diputación de Cáceres ha destinado 100.000 euros para la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas contraviniendo la sentencia del TSJ de Extremadura 1133/2019, que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un inventario de este tipo”.
Polonia Castellanos asegura que “cada vez que se derribe una cruz, Abogados Cristianos llevará al responsable ante la Justicia”. Y anuncia que “no pararemos hasta reponer todas las cruces que se tiren”.
Se adjunta auto
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