La ley, aprobada por el Parlamento húngaro, “prohíbe o restringe el acceso a contenidos que propaguen o retraten la denominada divergencia de la identidad personal correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad para menores de 18 años”.
Ursula von der Leyen había calificado la ley de “vergüenza” porque, según la Comisión Europea, viola los valores europeos y los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las personas Lgbtiq+. Por esta razón, el ejecutivo de la UE había iniciado inmediatamente un procedimiento de infracción ya en 2021 y un año después, ante la falta de pasos atrás por parte de Viktor Orban, decidió desencadenar una remisión al Tribunal de Justicia de la UE.
Quince gobiernos se han sumado a la demanda, lo que les permitirá presentar formalmente su caso.
Por otra parte, el gobierno italiano, que ha sido condenado oficialmente por el Parlamento Europeo por su decisión de dejar de registrar a los hijos de parejas homogéneas y por “ataques contra la comunidad Lgbtiq+”, no se sentará en el banquillo de los acusados.
Los medios de comunicación difundieron ampliamente la noticia de que quince países de la UE han recurrido una ley promulgada en Hungría, calificada de contraria a los derechos de las minorías LGBT: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, España, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Malta, Austria, Finlandia, Suecia, Eslovenia y Grecia. Italia no está, seguida de Polonia, Rumanía, Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, la República Checa y Eslovaquia.
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