La Iglesia se opone y levanta su voz para defender la vida humana, llamando al gobierno a sus responsabilidades. Esto está sucediendo en Irlanda del Norte, donde el 31 de marzo entraron en vigor las nuevas normas sobre el aborto. Mientras que antes el aborto se permitía dentro de las 12 semanas de la concepción, hoy en día, en caso de sospecha de discapacidad del niño no nacido, el aborto se permite hasta el nacimiento. La ley también permite los abortos fuera de los hospitales y limita la libertad de conciencia de los profesionales de la salud.
Pero los obispos católicos de Irlanda del Norte se pusieron manos a la obra y, a través de una carta enviada a los miembros de la Asamblea Legislativa de Stormont, pidieron «formular nuevos reglamentos que expresen la voluntad de la mayoría de nuestros conciudadanos a favor de apoyar y proteger la vida de las madres y sus hijos no nacidos».
El primer paso legislativo sobre el aborto en Irlanda del Norte se dio a finales de 2019. En la noche del 21 al 22 de octubre, el Parlamento británico aprobó entonces una serie de reglamentos destinados a despenalizar el aborto, aprovechando el tragicómico bloqueo del Parlamento de Irlanda del Norte desde enero de 2017 debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre la derecha unionista protestante y la izquierda republicana católica con miras a un gobierno de unidad nacional. Desde hace meses, los obispos de Irlanda del Norte habían entrado con fuerza en el debate público para pedir un nuevo comienzo para el parlamento, de modo que las cuestiones económicas y éticas pudieran ser abordadas sin sufrir pasivamente las decisiones procedentes de Westminster.
De hecho, ya en julio de 2019, el Parlamento británico estaba legislando para ampliar la malla de las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo y legalizar los «matrimonios» entre personas del mismo sexo. Sin embargo, a pesar del silencio de la prensa europea sobre el tema, y de la fuerte presión para que la Iglesia guardara silencio, los obispos intervinieron inmediatamente, el 22 de octubre, con una nota muy dura: «Los miembros del parlamento local tuvieron tiempo y oportunidad de evitar que esta draconiana legislación sobre el aborto en Westminster se impusiera sobre las cabezas de nuestros ciudadanos, pero decidieron no hacerlo. El aborto es una violación brutal del precioso don de la vida. El derecho a la vida no nos lo da ninguna ley o gobierno. Cualquier ley humana que elimine el derecho a la vida es una ley injusta.»
Pero el esfuerzo no fue suficiente para frenar los cambios en la ley de aborto, tanto que el nuevo paquete legislativo fue finalmente aprobado el 31 de marzo. ¿Qué incluye? El aborto ya no se permite sólo en las primeras 12 semanas de la concepción, sino que se extiende a las 24 semanas. No sólo eso: gracias a la nueva ley, la sospecha de una posible enfermedad física o mental en el niño no nacido es suficiente y el aborto está permitido hasta el nacimiento.
Se trata, además, de dicciones tan preocupantes como confusas, como ha señalado inmediatamente el episcopado, ya que, en su carácter genérico, alejan la legalidad del aborto del infanticidio. Sin embargo, en una consulta realizada por el Gobierno británico en diciembre de 2019, el 79% de la población de Irlanda del Norte se pronunció a favor de la protección de la vida de los no nacidos. La aceleración se produjo en el punto álgido de la emergencia de la pandemia de coronavirus: «Hoy en día en todo el país, cada uno de nosotros, y especialmente el personal médico», observan los obispos, «está haciendo todo lo posible para salvar vidas». Aunque el número de muertes causadas por el coronavirus sigue aumentando, los periodistas suelen recordarnos que detrás de las estadísticas hay personas reales, y sus vidas cuentan independientemente de la edad o la capacidad, el género o el entorno.
La nueva ley también perjudica fuertemente la objeción de conciencia: «La obstetricia y la ginecología», dice la Iglesia, «no deben convertirse en el dominio exclusivo de aquellos médicos y personal médico que estén dispuestos a practicar el aborto». Los obispos continúan: «Toda mujer que considere la posibilidad de abortar tiene derecho a recibir información precisa y apropiada sobre los riesgos asociados con la interrupción del embarazo y todas las consecuencias mentales y físicas que puedan derivarse. Ahora, la mayoría de los parlamentarios de Irlanda del Norte están, al menos sobre el papel, en contra del aborto, y por lo tanto el episcopado católico tiene verdaderas esperanzas de que el parlamento pueda pronto cambiar las leyes impuestas por Londres.
Con la excepción de algunas asociaciones pro-vida, sin embargo, ninguna respuesta significativa a la llamada de los obispos ha llegado todavía, pero una cosa parece segura ahora: más allá de cualquier silencio políticamente correcto, la Conferencia de Obispos de Irlanda del Norte no tiene intención de guardar silencio.
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