Virginia ha tomado medidas audaces para hacer frente a un escándalo inquietante. El gobernador Glenn Youngkin está «profundamente preocupado» por los informes de que el personal de una escuela del condado de Fairfax organizó abortos para adolescentes, sin el consentimiento de los padres y posiblemente utilizando fondos públicos. En consecuencia, ha puesto en marcha una investigación penal para llegar al fondo del escándalo. Ha ordenado a la Oficina de Investigación Criminal de la Policía del Estado de Virginia que actúe de inmediato.
Los informes dicen que el incidente ocurrió en la escuela secundaria de Centreville, en el condado de Fairfax. Supuestamente, una trabajadora social, con la aprobación del director, programó y pagó abortos para dos chicas menores de edad, sin notificárselo a sus padres. Una de las adolescentes tenía 17 años. Según un reportaje del periodista independiente Walter Curt, una de las chicas fue obligada a ir a la clínica y juró guardar el secreto. La otra suplicó quedarse con su bebé, pero le dijeron que el aborto era su «única opción». Entonces, huyó de la clínica.
Es importante destacar que la ley de Virginia exige el consentimiento paterno al menos 24 horas antes de que una menor se someta a un aborto. Por lo tanto, estas acusaciones sugieren graves y flagrantes violaciones de la ley. Además, si se utilizaron fondos públicos, entonces los contribuyentes fueron potencialmente malversados para ocultar estos abortos.
Estos abortos secretos son una explotación infantil financiada por el Estado, y todos los funcionarios implicados deben rendir cuentas. Este escándalo subraya la guerra más amplia contra los derechos de los padres, que deben ser aplicados y protegidos para preservar la seguridad de sus hijos.
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