La postura de la vicepresidenta Kamala Harris sobre una serie de cuestiones ha suscitado inquietud en ciertos círculos católicos, en particular en torno a su defensa a ultranza del derecho al aborto y su voluntad de ignorar el derecho a la vida en cualquier fase de la gestación. Además, ha apoyado activamente la legislación que obliga a los estados con leyes restrictivas del aborto a solicitar la aprobación federal antes de aplicarlas. Durante su mandato como fiscal general de California, Harris persiguió agresivamente al activista provida David Daleiden, que había utilizado vídeos encubiertos para sacar a la luz la extracción y venta de órganos de fetos abortados por parte de la industria abortista. Harris también se esforzó por imponer normativas estrictas a los centros de embarazos en crisis del estado. Harris se ha posicionado firmemente en contra de la pena de muerte, abogando por la vida de las personas culpables de crímenes atroces, lo que ha provocado una paradójica comparación con su postura sobre el aborto y el infanticidio. Su defensa de los derechos LGBT es otra manzana de la discordia con los grupos católicos conservadores, ya que históricamente ha sancionado el matrimonio entre personas del mismo sexo y apoya los derechos de los transexuales. Desde la perspectiva de la libertad religiosa, Harris tiene un historial preocupante. Ha copatrocinado leyes que obligan a las instituciones religiosas a contravenir sus propias doctrinas y ha sido partidaria de proyectos de ley que potencialmente atentan contra los derechos religiosos. Esto incluye un caso en el que impugnó la elegibilidad de un candidato católico para un puesto de juez de distrito federal basándose en su pertenencia a una organización católica. En resumen, las posturas de Harris sobre la vida, el matrimonio, la ideología de género y los derechos religiosos inquietan profundamente a los conservadores católicos. Hasta ahora, no hay indicios de que haya cambiado de postura.
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