Ante las insólitas reacciones suscitadas por la iniciativa de Castilla-León, expresamos nuestro agradecimiento por la iniciativa emprendida por aquel Gobierno a través de su vicepresidente. Valoramos positivamente la posibilidad opcional de facilitar más información sobre el hijo engendrado a la madre que lo desee, antes de decidir sobre su aborto.
Una sociedad democrática solo puede existir si se parte del debate racional sobre los temas en conflicto. Es desde esta racionalidad sobre la que nos pronunciamos y exigimos. De ahí, que sea un principio de la sociedad democrática, que toda decisión que afecte a una cuestión trascendente disponga antes de la información suficiente sobre el acto que acomete y sus consecuencias; es decir, se base en la reflexión basada en el conocimiento.
Este hecho, también se fundamenta en el reconocimiento que estableció la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto, al definir que el nasciturus era un tercero distinto a la madre y un bien jurídico a proteger. Esta protección era un deber del estado. De este principio arranca la necesidad del periodo de reflexión, y el ofrecer a la madre información sobre alternativas al aborto, ambos requisitos suprimidos anticonstitucionalmente en el actual proyecto de ley.
El gobierno Sánchez incumple sistemáticamente este mandato, y la iniciativa castellanoleonesa lo aplica.
El aborto nunca puede ser un derecho, porque, no puede existir como tal una práctica dirigida a matar la vida humana. Nunca la vida del dependiente puede depender de la exclusiva voluntad del cuidador.
Reiteramos, de acuerdo con nuestra declaración del 10 de enero de 2023, que “la vida es el primero y más fundamental de los derechos, por la sencilla razón de que sin ella ningún derecho humano es posible”.
Denunciamos el matonismo, la agresividad, la ferocidad, con la que muchos han reaccionado ante estas medidas. Confirmamos hasta qué punto el debate sobre la vida y el aborto les irrita y obsesiona. Esta evidencia, nos indica que el debate de la vida está en el arranque del debate cultural, que se hace presente en otras muchas manifestaciones.
Se equivocan aquellos que, de buena fe, desprecian el concepto de la cultura de la vida, no dándose cuenta de que una cultura de la muerte se está imponiendo en nuestra sociedad y que esta lleva aparejada un ataque a “otras libertades, derechos y garantías constitucionales para poder mantenerse”, y “tienen al mismo tiempo que cercenar otras libertades, como la de conciencia, la de reunión, y la de expresión”.