Su primera decisión tras el 6J: prorrogar el mandato del presidente de la Corte dos años. Pero conseguimos pararlo. ¡GANAMOS!
La primera decisión de López Obrador tras las elecciones del 6 de junio fue emitir un decreto por el que extiende el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, durante dos años, ‘casualmente’ hasta el final previsto para su mandato.
Que el presidente del Ejecutivo pretenda disponer de un presidente del Judicial ‘a modo’ no es matar a Montesquieu, sino profanar su cadáver. Así que -como es lógico- la decisión ha provocado un terremoto judicial y también político. Muchos observan una deriva totalitaria extraordinariamente preocupante.
La decisión de López Obrador era -además- abiertamente inconstitucional. La Constitución mexicana señala claramente lo siguiente en su art. 97:
“Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
¿Cómo es posible entonces que AMLO haya pretendido dar semejante patada a la Carta Magna? Porque se basó en una reforma de la ley del poder judicial que en transitorio decimotercero establece lo siguiente:
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.
Se trataba de una añagaza jurídico-política presentada por el Partido Verde Ecologista, satélite de Morena, hace pocos meses, en preparación de esta decisión.
Pero esta añagaza contó con el rechazo abierto de la judicatura por su abierta inconstitucionalidad.
Además, la añagaza no dice que la extensión de mandato se haga por decreto presidencial, que ya es rizar el rizo.
Así que el mismo afectado, Zaldívar, un poco avergonzado decidió extender una consulta a sus compañeros. No es que tuviera dudas jurídicas, es que quería socializar la responsabilidad del apaño. Porque jurídicamente es claro que es inconstitucional. Y políticamente es transparente que el presidente pretendía una Justicia ‘a modo’.
La situación no fue fácil. Porque los ministros de la Corte tenían que elegir entre aceptar la injerencia y deshonrar a la Corte o enfrentarse en un choque institucional de consecuencias desconocidas.
Se movilizó a la ciudadanía para recordar a los ministros de la Corte que la Constitución prohíbe expresamente la extensión de mandato y mostrarles el apoyo en su defensa de la independencia del poder judicial.
Ganó la ciudadanía y la libertad. Perdió AMLO.