Hace unas semanas informamos de que Isabel Vaughan-Spras, ciudadana británica y activista provida, fue absuelta por un tribunal, que dictaminó que permanecer en silencio ante una clínica abortista no es delito, aunque uno rece para sí mismo. Sin embargo, el 6 de marzo, Isabel fue detenida de nuevo por permanecer de pie frente a una clínica abortista y rezar en silencio.
Según las autoridades locales de Birmingham, en el exterior de la clínica abortista está prohibido «protestar, es decir, realizar cualquier acto de aprobación/desaprobación o intento de aprobación/desaprobación en relación con cuestiones relacionadas con el aborto por cualquier medio, incluidos, entre otros, los medios gráficos, verbales o escritos, la oración o el asesoramiento».
Aunque el tribunal dictaminó que la oración silenciosa no era una forma de protesta, la policía hizo caso omiso de la orden judicial y volvió a detener a Isabelle Vaughan-Spras.
Justo al día siguiente, el 7 de marzo, en Londres, la Cámara de los Comunes, la cámara baja del Parlamento británico, estudiaba las enmiendas a la Ley de Orden Público.
El proyecto de ley, cuyo objetivo declarado es combatir los bloqueos de carreteras e infraestructuras por parte de ecoactivistas radicales, fue aprobado por la Cámara de los Comunes en tres lecturas en otoño. Sin embargo, en la tercera lectura se introdujo una polémica enmienda para tipificar como delito las protestas ante los centros abortistas, incluidos los intentos de informar a las mujeres que quieren abortar de posibles alternativas o de ofrecerles ayuda.
A continuación, la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento británico, también aprobó el proyecto de ley en tres lecturas, con algunas enmiendas. También se ha modificado ligeramente el párrafo sobre las «zonas tampón» cerca de los centros abortistas. Según la legislación británica, esto significa que un proyecto de ley con enmiendas aprobado por la Cámara Alta vuelve a la Cámara Baja, que debe aprobarlas o hacer sus propias enmiendas y luego presentarlas a la Cámara Alta, y así sucesivamente hasta que ambas cámaras aprueban la misma versión del proyecto.
Y así, en la Cámara de los Comunes el 7 de marzo, algunos diputados conservadores intentaron aprovechar su probablemente última oportunidad para introducir una enmienda al proyecto de ley declarando que la oración silenciosa o la conversación consentida con una mujer que va a abortar no pueden constituir delito. En otras palabras, si una mujer que desea abortar no está segura de su decisión y quiere replanteársela en el último momento, una enmienda de este tipo le daría la oportunidad de tomar una decisión informada y consciente. Cabe señalar aquí que, según un estudio del año pasado, una de cada cinco mujeres británicas que abortaron lo hicieron bajo coacción y querían conservar a su hijo.
Desgraciadamente, esta enmienda no fue aprobada. 299 diputados contra 116 votaron a favor de prohibir rezar en silencio o hablar consensuadamente con los demás si ello compromete el buen funcionamiento del proceso del aborto.
El proyecto de ley ha vuelto a la Cámara de los Lores, donde el 14 de marzo se examinarán las enmiendas introducidas por la Cámara Baja. Tarde o temprano, ambas Cámaras se pondrán de acuerdo sobre el texto y lo enviarán al Rey para que lo firme, tras lo cual será posible detener a personas en el Reino Unido por rezo mental. O, como se decía en la famosa novela de Orwell, por «delitos de pensamiento». Al fin y al cabo, ambas cámaras del Parlamento ya han llegado a un acuerdo sobre esta cuestión.
Sin embargo, incluso ahora, como vemos en el ejemplo de Isabel Vaughan-Spras, en Gran Bretaña no es posible detener a una persona por rezar en silencio ante una clínica abortista, según una orden judicial, pero si la policía realmente quiere, puede hacerlo.
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