Un espeluznante informe publicado por «expertos jurídicos internacionales» y respaldado por las Naciones Unidas abre la puerta a la normalización de todas las fantasías sexuales con menores, un inquietante retroceso a las peores y más macabras fantasías comunistas del 68.
La Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, escribió en marzo, con la ayuda de ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que las conductas sexuales en las que participen personas por debajo de la edad mínima prescrita a nivel nacional pueden ser consentidas de hecho, si no de derecho. Una sutil y clara apertura «de facto» a la pedofilia y a la libertad sexual entre adultos y niños.
El informe, publicado con motivo del «Día de la Mujer», se titula «Principios del 8 de marzo para un enfoque basado en los derechos humanos». El documento no pide explícitamente la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores pero, al mismo tiempo, afirma que los menores de 18 años tienen tanto la capacidad como el derecho legal de tomar decisiones sexuales.
Por tanto, según la ONU, los niños pueden consentir relaciones sexuales con adultos. El informe no propone una edad de consentimiento sexual, aunque las recomendaciones, antes impensables, parecen sugerir que la pederastia podría normalizarse, al menos tolerarse y no castigarse cuando hay «consentimiento infantil». ¿Quizás la ONU aún no sabe cuánto y cómo condicionan los adultos a los niños?
Este horrendo informe de la ONU no sólo abre claramente la puerta principal a la legalización de la pederastia, sino que también abre de par en par la puerta al sexo, a cualquier tipo de sexo, entre los propios menores, dando contenido jurídico internacional a la descabellada idea de las «comunas comunistas» que salpicaron la vida de diversas ciudades y grupos comunistas en Europa y en todo el mundo desde 1960 hasta los años 70, en las que el sexo, las drogas y la música eran el viático de la anarquía y el libertinaje plenos.
La Comisión Internacional de Juristas que redactó el informe de la ONU es clara al respecto: «En este contexto, en el caso de los menores de 18 años, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les afectan…
Sobre la base de sus capacidades de desarrollo y autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afectan, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez y derecho a ser escuchadas». «Las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior.»
¿Es casualidad que el principal coordinador del equipo de juristas internacionales que ha trabajado en este informe sea un conocido gay? «Habiendo trabajado en el ámbito jurídico durante mucho tiempo y como hombre orgullosamente gay, estoy íntimamente familiarizado con la forma en que el derecho penal señala qué grupos se consideran dignos de protección y cuáles se consideran dignos de condena y ostracismo», escribió el juez jubilado Edwin Cameron, del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el prefacio del informe, añadiendo que, de este modo, el Derecho penal desempeña una función expresiva y tiene consecuencias dramáticas en la vida de las personas. A veces tiene un impacto gravemente discriminatorio en grupos identificados con la conducta desaprobada o estigmatizada».
Aún más inaceptable para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo es que este grupo de expertos ha sido pagado por todos nosotros «a lo largo de un proceso consultivo de cinco años, tras una reunión inicial de expertos jurídicos convocada en 2018 por la Corte Internacional de Justicia -junto con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)- para debatir el papel de los juristas a la hora de abordar el impacto negativo de determinadas leyes penales sobre los derechos humanos.»
No la ONU, sino todos nosotros somos culpables de lo que ocurre y puede ocurrir y se nos impone desde Ginebra a Nueva York, debemos exigir y poder elegir políticos que nos representen y se opongan, incluso hasta cortar la financiación, a una organización internacional tan íntimamente corrupta y malvada.
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