Last updated on septiembre 30th, 2021 at 05:53 am
El pasado mes de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la vista del llamado ‘caso Manuela’. Supuestamente se trata de una mujer salvadoreña que fue encarcelada tras un aborto y murió en la cárcel de cáncer. Los ingredientes son suficientes para sensibilizar a la opinión pública y que ella presione a los jueces para resolver la necesidad de legalizar el aborto en todo el sistema interamericano de derechos humanos.
Todo sería perfecto para los intereses del lobby abortista si prescindieran de la verdad y del derecho.
Todo es mentira en el caso Manuela, empezando por el nombre. Manuela no existe. En realidad se llama María Edis. El aborto espontáneo que supuestamente sufrió tampoco existe. Sí existe el acta de nacimiento de Dolores Gabriel Hernández, que es como se llama el bebé asesinado. Y también existe la autopsia de Dolores Gabriel: fue arrojado a una fosa séptica, agonizó durante 15 minutos y murió ahogado por las heces y por la pérdida de sangre que le produjo el cordón umbilical arrancado violentamente desde la raíz. Todo esto lo certifica la autopsia y el certificado de defunción. Por su parte, los forenses afirman ahora que es imposible que el pequeño hubiera fallecido de aborto espontáneo.
Puedes ver la foto de su autopsia:
Más. ‘Manuela’ nunca fue condenada por aborto. Fue condenada a 30 años por homicidio agravado. Y fue condenada después de un juicio justo, con garantías y con pruebas periciales, documentales y testimoniales. La respuesta del lobby abortista es que la justicia salvadoreña es machista. Un a priori ideológico inválido para un juicio justo.
Como se ve, por los hechos, es difícil que se resuelva el ‘derecho’ al aborto en América. Pero es que además, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra en su art. 4 el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y es esta convención la que debe de seguir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver los casos que le llegan.
El asunto sería fácil para la causa provida si no fuera por la montaña de presión en el caso. Las organizaciones peticionarias están generosamente financiadas por la multinacional de abortos Planned Parenthood, la muy ideológica Fundación Ford y las injerencistas Cooperación Española y otras 36 agencias de ‘cooperación’.
Se da la circunstancia de que la Comisión de Derechos Humanos también está financiada por la Fundación Ford. Y ya saben que la mujer del César no sólo debe de ser honrada sino -además- parecerlo…
Y una última derivada: aunque el lobby del aborto pretende hacer de este caso un ‘Roe vs Wade’ latino, técnicamente las sentencias de la Corte de San José sólo vinculan al caso juzgado. No es aplicable a todo el país y mucho menos a todo el sistema interamericano. Pero el lobby y el activismo judicial insisten en que sus fallos son vinculantes.
En todo caso, más allá del debate técnico sobre la vinculación y la fuerza coercitiva de las sentencias de san José, es evidente que el caso Manuela tendrá un impacto sobre toda la región y que el lobby utilizará la sentencia para presionar en los estados.