El número de eutanasias y suicidios asistidos en España aumentó un asombroso 27,54% en 2024, con 426 vidas terminadas en comparación con 334 en 2023. Desde la legalización en 2022, el total se ha disparado un 47,92%, lo que pone de relieve la peligrosa expansión de las políticas de muerte a la carta sin restricciones de pronóstico, una receta para el abuso.
En 2023, se denegaron 188 solicitudes, lo que provocó 78 apelaciones; más del 40% (32) tuvieron éxito. El año pasado se registraron 157 denegaciones y 75 apelaciones, con un 26,67% (20) aprobadas. Los trastornos neurológicos encabezaron la lista (302 solicitantes), seguidos del cáncer (276), lo que subraya cómo estas leyes se aprovechan de los vulnerables. El Ministerio de Sanidad está considerando la inclusión de las enfermedades mentales, a pesar de la vaga postura de la ley.
Esto es un reflejo de la expansión de Victoria, Australia, en 2024, que duplicó los criterios de esperanza de vida de 6 a 12 meses. Aún más escalofriante es que el Colegio de Médicos de Quebec apoya la eutanasia para los recién nacidos con discapacidades graves o sin perspectivas de supervivencia, alegando un dolor insoportable, lo que destruye las protecciones para los inocentes. Catherine Robinson, de Right To Life UK, denunció el aumento como «increíblemente preocupante y triste», prediciendo un crecimiento anual implacable. Advirtió a Inglaterra y Gales que no siguieran su ejemplo, donde el proyecto de ley de adultos con enfermedades terminales (fin de la vida) encontró una feroz resistencia (el 67% de los pares se opusieron a él en la segunda lectura) por temor a una escalada sin control.
Estos sombríos datos ponen al descubierto el verdadero coste de la agenda radical: erosionar la santidad de la vida, presionar a los frágiles y allanar el camino para asesinatos más amplios. Mientras las naciones coquetean con estas leyes, la pesadilla de España sirve como una severa advertencia contra la rendición a la cultura de la muerte.
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