El crecimiento de los negocios de aborto por correo al amparo de las llamadas “leyes escudo de la telemedicina” está causando preocupación entre los defensores provida.
Estas políticas estatales protegen a los médicos que recetan y envían medicamentos abortivos a estados donde el aborto es ilegal.
A pesar de que la administración retrata estos servicios como la prestación de “asistencia sanitaria crítica” a las mujeres en los estados sin acceso al aborto, los provida argumentan que estas organizaciones están infringiendo la ley.
Los abortos por correo se refieren a los kits de abortos químicos que se envían por correo.
Incluyen dos fármacos, la mifepristona, que provoca la interrupción del embarazo al bloquear una hormona necesaria para el crecimiento y la supervivencia del embrión, y el misoprostol, que induce contracciones uterinas para expulsar al feto.
A pesar de sus graves implicaciones, estos kits ganaron una importante tracción durante la pandemia de Covid-19, cuando la FDA permitió la prescripción y el envío por Internet de mifepristona.
La política temporal se hizo permanente en diciembre de 2021, lo que provocó una afluencia de kits de aborto químico.
Sólo ocho estados tienen leyes escudo contra el aborto, que protegen a los prescriptores en línea de las investigaciones y también se niegan a cooperar con las investigaciones de otros estados.
Al amparo de estas leyes, los abortos químicos han proliferado, predominantemente en estados con leyes abortistas estrictas.
Sin embargo, los riesgos para la salud asociados a los abortos químicos son graves e incluyen infecciones, hemorragias excesivas, abortos incompletos y embarazos ectópicos no diagnosticados, que pueden ser mortales si no se tratan.
Además, estos abortos pueden ser física y psicológicamente traumáticos, ya que la mayoría se administran sin la presencia de un médico.
La protección ofrecida a los proveedores de abortos por correo por las leyes escudo está siendo cuestionada actualmente por los estados provida.
Estos estados afirman que estas leyes infringen su soberanía y la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
Sin embargo, los litigios suponen un reto debido a la necesidad de que alguien que haya recibido el kit abortivo colabore con los investigadores, un cooperador que aún no se ha encontrado.
La proliferación y la presentación simplista de los abortos químicos como rápidos, fáciles y seguros ocultan sin duda graves riesgos para las mujeres.
La protección legal debería garantizar la seguridad de las mujeres y de sus hijos no nacidos frente a procedimientos potencialmente peligrosos, en lugar de salvaguardar a los proveedores infringiendo las leyes estatales y los derechos de los ciudadanos.
Mientras tanto, las mujeres embarazadas que se plantean abortar deberían estar mejor informadas sobre las posibles complicaciones, tener acceso a redes de recursos integrales y ser asesoradas sobre los posibles protocolos de reversión, en caso de que lo reconsideren después de tomar la primera píldora abortiva.
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