Los legisladores de Luisiana han aprobado un proyecto de ley que clasifica las píldoras abortivas como sustancias controladas, convirtiendo su posesión sin receta en un delito penal.
Bautizada como «Ley Catherine y Josephine Herring», la legislación pretende endurecer las penas contra quienes fuerzan abortos y no se espera que conduzca a la persecución penal de las mujeres que buscan abortar.
El proyecto de ley se dirigirá ahora a la mesa del gobernador republicano Jeff Landry para ser ratificado. La ley clasificaría la mifepristona y el misoprostol, píldoras utilizadas habitualmente para inducir abortos químicos, como drogas de la Lista IV según la Ley Uniforme de Sustancias Peligrosas Controladas de Luisiana.
Si se sanciona, la posesión de estos fármacos abortivos sin la prescripción adecuada podría acarrear fuertes multas y penas de cárcel de hasta diez años.
A pesar de los intentos de oposición por parte de figuras proabortistas de alto perfil, como la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el impacto de la ley será relativamente limitado.
Las leyes vigentes en Luisiana ya exigen una receta para ambos fármacos abortivos y consideran ilegal su uso para inducir abortos en la mayoría de los casos. Sin embargo, la nueva ley no impondrá sanciones penales a las mujeres que hayan obtenido estas píldoras de forma ilegal.
Los críticos argumentan que la clasificación de estos fármacos podría poner en peligro a las mujeres que necesitan la medicación para el tratamiento de abortos espontáneos, mientras que los partidarios subrayan que los medicamentos sólo serán ilegales sin receta.
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