Durante semanas, los medios de comunicación de EE.UU. han centrado su atención en Washington DC y la respuesta del gobierno federal a la crisis del coronavirus COVID-19. La rueda de prensa diaria con el presidente Trump y los miembros de su equipo de trabajo sobre el coronavirus se ha convertido en la televisión «obligatoria» para millones de estadounidenses. Pero por muy natural que sea centrar la atención en las acciones del gobierno federal, en el sistema de federalismo de América, donde la constitución nacional reserva el poder a los estados, excepto cuando se concede específicamente al gobierno federal, las decisiones de poner en cuarentena a las personas o permitir que las personas recreen y abran sus economías depende de los estados individuales. En la actualidad, unos 20 estados se encuentran en distintas etapas de permitir que las personas vuelvan a trabajar y están comenzando a abrir sus economías.
Los estados han manejado la crisis de manera muy diferente. Es cierto que nos encontramos en una situación sin precedentes, que requiere que los gobernadores de los estados equilibren los dictados de la constitución con las preocupaciones por la protección de la salud pública. Algunos, como el gobernador de Florida Ron DeSantis, han manejado este equilibrio muy bien, permitiendo explícitamente que los servicios religiosos continúen desde el principio. El libre ejercicio de la religión es un derecho constitucional garantizado, no sujeto a los dictados de los estados o municipios. Lamentablemente, muchos gobernadores, incluido el de California, Gavin Newsom, han decretado que asistir a un servicio religioso no es una «actividad esencial» y, por lo tanto, han prohibido a los californianos salir de sus casas para asistir a los servicios de la iglesia. El estado está siendo demandado por su posición.
La Organización Internacional de la Familia (OIF) está preocupada por la forma en que los políticos están utilizando la crisis para limitar los derechos de los ciudadanos, incluyendo la imposición de limitaciones a las familias para rezar, celebrar, recrearse y reunirse. De hecho, las acciones de los gobernantes de América proporcionan una lección objetiva en la vieja máxima de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estamos siendo testigos de una letanía diaria de ejemplos de políticos que ejercen el poder de maneras que desafían toda explicación racional que no sea «porque nosotros lo decimos».
Tomemos como ejemplo a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Incontables familias de Michigan poseen campamentos de vacaciones de temporada, cabañas y casas de campo en zonas rurales del estado. Whitmer ha prohibido que los habitantes de Michiganders viajen a estas casas de vacaciones, pero permite que personas de fuera de Michigan viajen libremente hacia y desde sus casas de vacaciones de temporada dentro del estado. Michigan es famoso por sus actividades al aire libre, incluyendo la pesca. Sin embargo, Whitmer ha prohibido el uso de embarcaciones de pesca motorizadas, aunque permite la pesca desde kayaks, canoas y veleros. Está prohibido realizar una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de un niño, pero los proveedores de servicios de aborto como Planned Parenthood se consideran esenciales. Los clientes de tiendas como Walmart tienen prohibido comprar artículos «no esenciales», aunque pueden comprar otros artículos considerados «esenciales» en la misma tienda. Ha cerrado la industria de la jardinería y prohíbe a los residentes comprar semillas de plantas y plantones para plantar jardines caseros. Pero la gente todavía puede comprar billetes de lotería. Para poner en claro sus decretos autoritarios y autocráticos, aquellos que violen sus órdenes pueden ser multados con $1,000. El estado anima a los ciudadanos a delatar a sus vecinos que violan sus órdenes.
Tal vez el decreto político más preocupante emitido como resultado de la crisis del coronavirus vino esta semana del estado de Nueva York, donde los políticos nombrados en la Junta Electoral del estado decretaron que la Primaria Presidencial Demócrata sería cancelada. Lo llamaron un «concurso de belleza» que no puede permitirse que ocurra porque permitir que la gente ejerza su derecho constitucional a votar podría propagar el virus. Aparentemente los políticos del estado, no los votantes, decidirán quién los representará en la elección presidencial nacional.
También nos preocupa el sesgo mediático que ha infectado la cobertura de la crisis del coronavirus. En Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp se ha ganado la hostilidad de los medios por su decisión de reabrir los negocios en su estado, ridiculizándolo por incluir salones de tatuajes en su orden de reapertura. Sin embargo, en Colorado, el gobernador demócrata Jared Polis ha emitido una serie de órdenes muy similares para reabrir su estado, incluyendo específicamente los salones de tatuajes. Ningún reportero o medio de comunicación ha criticado a Polis.
El ejercicio del poder político debe siempre – siempre – estar limitado por principios inviolables consagrados en los documentos fundacionales de gobierno. Un ejemplo tan obvio es la constitución de los Estados Unidos. Otro ejemplo a escala internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que trata de preservar, proteger y promover la familia como unidad «natural y fundamental» de la sociedad. En la Declaración se establece que «la familia es la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado». Este principio fundamental también se reconoce en más de 100 constituciones nacionales.
Una popular canción country declara que a toda tormenta se le agota la lluvia. En algún momento, esperemos que pronto, COVID-19 seguirá su curso y ya no supondrá una amenaza para nuestra salud, economía o forma de vida. Esperemos – no, más que esperar, resolvamos – que sus efectos duraderos no incluyan el daño a nuestros derechos fundamentales, o reduzcan la primacía de la familia como base de todas las civilizaciones.
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