Se ha puesto de moda en España hablar de la pobreza infantil, eludiendo por completo que es imposible hablar de pobreza infantil, sin hacerlo de pobreza familiar.
Resulta muy difícil conseguir datos fiables de los casos de pobreza familiar, porque no existen estudios rigurosos sobre este asunto. Los datos más fiables que conocemos son los facilitados por Cáritas, en función del número de personas que acuden a sus comedores sociales, y el Banco de Alimentos, pero aun así, dado lo escabroso del asunto, y la vergüenza que supone para muchas familias tener que acudir a estas ayudas, suelen minimizar el número de atenciones que prestan por pura discreción y reserva de datos de los solicitantes.
Si sabemos, porque visualmente hemos visto las colas que se forman ante los establecimientos donde se dispensan estas ayudas, que por motivo de la COVID-19 el número ha crecido exponencialmente.
Si por el contrario escuchamos a los miembros del gobierno, partidos políticos, sindicatos y otras entidades, supuestamente involucradas e interesadas en acabar con esta situación, la pobreza familiar no existe, solo existe la pobreza infantil.
Los partidos políticos se han preocupado en exceso de hablar de pobreza infantil, siempre que esto ayudase en sus campañas políticas a despreciar a la familia poniendo por delante sus intereses electorales a las necesidades familiares. A este respecto un par de ejemplos muy ilustrativos:
Manuela Carmena, elegida alcaldesa de Madrid en el años 2015 al frente de la candidatura de “Podemos”, manifestó públicamente, que en Madrid había 25.563 niños desnutridos, pero fue incapaz de habilitar medida alguna para reducir ese supuesto número de niños pobres que nunca fueron localizados, al tiempo que mantuvo funcionando el plan de “Comedores Escolares”, establecido por su predecesora en el cargo, Ana Botella, que cubría a 2.700 niños.
Tres años después, en la campaña de elecciones autonómicas, Más Madrid, mismo partido político de Manuela Carmena, con Iñigo Errejón a la cabeza, anunciaba que en Madrid el 30% de los niños erran obesos ¿?
¿Es posible pasar en tan solo tres años los 25.563 niños desnutridos de Carmena, pase a ser el 30% de niños obesos de Errejón? Evidentemente, si obviamos intereses partidistas, no.
Ambos casos son una muestra de lo poco que a los partidos políticos les importa la familia, y lo mucho que los niños son utilizados como arma electoral sin preocuparse, realmente, de ir al fondo del asunto y establecer soluciones.
La pregunta surge de forma espontanea, ¿Cómo se puede decir que existe pobreza infantil, sin hacer patente la existencia de la pobreza familiar? ¿Acaso esos supuestos niños pobres no tienen familia que los acoja?
Nuestros políticos actuales, todos ellos, sin discriminación de ideologías , derechas, izquierdas, o medio pensionistas utilizan, constantemente, el termino pobreza infantil, pero nunca mencionan que los niños son pobres, si son pobres las familias en que se encuadran.
Excluimos de este capítulo “familiar” a los niños tutelados por el Estado en Organismos o instituciones públicas o privadas dependientes de aquel. No lo hacemos porque no exista en este colectivo pobreza infantil, que la hay, sino, porque si el estado y los partidos políticos, tan preocupados ellos por la pobreza infantil, al constituirse como familia de estos niños, ejerciendo las funciones de papá y mamá, es lógico pensar que estos “hijos del estado” gozarán de la riqueza que no tienen los incardinados en una familia. Sería intolerable, inmoral y un contrasentido que, el Estado no estuviera interesado en demostrar que en su entorno no existe esa pobreza infantil, y diera a estos niños las mejores condiciones de vida, sin pobreza alguna, al estar ocupándose de su bienestar el propio Estado.
A fin de demostrar, que el estado ni se ocupa ni se preocupa de la situación de pobreza de las familias, vamos a incorporar unos datos, que sí provienen de fuentes fiables y contrastadas.
Los PGE españoles para 2021 contemplan un gasto total de 550.484 millones de euros, con un incremento del 19,4% respecto de las cuentas de 2020.
Dentro de estos presupuestos se incluye una partida de 159 millones de euros (0.02 % del PGE. Gran puñau son tres mosques, que diría un castizo) destinado a ”Protección a la Familia y contra la Pobreza Infantil”; de esta cifra, la mayor parte, se gestionará por ayuntamientos y autonomías para atender proyectos de estas instituciones relacionados con este asunto.
Recientemente una parte de la prensa se ha ocupado en anunciar con grandes titulares que el Gobierno aumenta en un 60% los fondos de protección a la familia al pasar de 100 millos de 2020 a 159 millones en 2021. Nos preguntamos ¿propaganda institucional?, porque no vemos por ningún lado que esas cifras sirvan para combatir la pobreza familiar.
Debemos resaltar que, según informe de la Oficina Comunitaria de Estadística con datos consolidados al año 2016 sobre prestaciones familiares, (no es posible localizar datos más recientes por lo largo y complicado que resulta, para la CE, aglutinar los datos que le facilitan los distintos estados miembro), publicado hoy Miércoles 24 de Febrero de 2021 en la revista Organización Médica Colegial de España (https://medicosypacientes.com/articulo/espana-cuarto-pais-de-la-ue-que-destina-menos-proporcion-del-gasto-en-proteccion-social) España, es el cuarto país, por la cola, que destina menor proporción del gasto público en prestaciones familiares con un 5,39%y tiene por detrás suyo a Grecia (3,97%), Países Bajos (4,03%).
La media de gasto, en relación con el PIB en la UE, supone el 2,5% comunitario y un 8,71% del total de gastos en protección social, y alcanza la cifra de 352.725,08 millones de euros.
Mientras que Luxemburgo, en 2016, era el país de la UE que más gasto destinaba a ayudas familiares, dentro del total de gasto en protección social (15,43%), España se conformaba con un exígüo 5,39%. Con estas cifras se hace patente que la protección familiar no se considera bien de primera necesidad en España, al tiempo que prueba la imposibilidad de que España vuelva a la senda de natalidad que permita la regeneración poblacional.
A mayor abundamiento de datos, la implantación en España del IMV (Ingreso Mínimo Vital) ha traído consigo la supresión, a partir de 1 de junio de 2020, la asignación económica por cada hijo o menor de 18 años a cargo sin discapacidad o con un grado de discapacidad inferior al 33 por ciento, que ya era bastante exigua, 28,41 euros/mes y limitada por los ingresos familiares que no debían superar los 12.536,00 euros anuales más un 15% por cada hijo o menor acogido a cargo a partir del segundo.
En el caso de Familias Numerosas este límite de ingresos se elevaba a 18.867,00 euros, en los supuestos en que concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 3.056,00 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido, con algunas particularidades en caso de superar el referido límite, que, en aras de la brevedad, no incluimos.
Con estos datos sobre la mesa queda meridianamente claro que en España, lo realmente preocupante, pero que no goza de predicamento entre la clase política, es la pobreza familiar, siendo la pobreza infantil una consecuencia de aquella.