Los legisladores españoles están impulsando una vez más a su país por un camino oscuro al intentar consagrar el aborto como un «derecho» constitucional. El gobierno, liderado por el Primer Ministro Pedro Sánchez y su coalición socialista, argumenta que este audaz movimiento es necesario para defender las libertades de las mujeres, pero en realidad, es una escalada radical en la cultura de la muerte.
España legalizó el aborto en 1985 bajo estrictas condiciones, y en 2010 amplió el acceso para permitir la interrupción hasta las 14 semanas por cualquier motivo. Más tarde, bajo el gobierno de Sánchez, nuevos cambios permitieron abortos posteriores a las 14 semanas en nombre de la salud mental, y que los menores procedieran sin el consentimiento de los padres. Ahora, la izquierda quiere dar el paso final: hacer que el aborto sea intocable al colocarlo en la constitución.
Sánchez ha enmarcado la propuesta como una defensa contra la desinformación y la coacción, prometiendo reformar los decretos legales existentes y legislar contra las afirmaciones «anticientíficas» sobre el aborto. Afirma que la garantía constitucional alinearía a España con lo que él considera «libertades reproductivas» globales. Las voces de la oposición, incluidas las del conservador Partido Popular, advierten que este esfuerzo eleva el aborto por encima del debate democrático y hace imposible dar marcha atrás, incluso si las futuras mayorías no están de acuerdo.
Existe un peligro real al consagrar los derechos al aborto en el documento legal fundamental de España. Una vez protegido constitucionalmente, sería mucho más difícil impugnar las leyes de aborto, incluso en casos extremos de abuso, anomalía fetal o conflictos con las protecciones de conciencia. Otorgaría a los derechos al aborto inmunidad frente a los procesos democráticos y correría el riesgo de silenciar las voces pro-vida.
La marcha de España hacia la plena sacralización legal del aborto es un recordatorio más de que la batalla por la vida debe librarse no solo en los tribunales y parlamentos, sino en los corazones y las mentes de los ciudadanos. El pueblo español merece la oportunidad de defender la vida no nacida, la conciencia y la libertad democrática, no verlas barridas por disposiciones irreversibles.