La administración Trump ha calificado los abortos financiados por el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido como una violación de los derechos humanos en sus Informes Anuales por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. Este informe, que abarca a las naciones que reciben ayuda estadounidense y a todos los estados miembros de la ONU, también critica otras prácticas del Reino Unido, como las detenciones por discursos de odio, las políticas de contratación de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la facilitación de la migración masiva. El Departamento de Estado de EE. UU. describió estas como «ideologías destructivas» promovidas bajo la anterior administración Biden, y prometió que el presidente Trump no tolerará la «mutilación de niños, los ataques a la libertad de expresión y las prácticas racialmente discriminatorias».
En Inglaterra y Gales, se realizaron un récord de 252.000 abortos en 2022, con un 99% financiados por el NHS: un 19% en hospitales del NHS y un 80% en clínicas independientes bajo contratos del NHS. El informe ahora exige que el Reino Unido y otros países informen sobre el número de abortos, con una posible denuncia por financiar abortos o distribuir fármacos para la interrupción del embarazo. Las naciones que se nieguen a proporcionar datos se señalarán explícitamente en futuros informes.
Los funcionarios estadounidenses también supervisarán otras violaciones, incluidas la eutanasia coercitiva, las infracciones a la libertad religiosa, como el antisemitismo, y los abusos médicos, como la extracción forzada de órganos, las pruebas obligatorias y la edición genética eugenésica de embriones. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, enfatizó que estas «nuevas ideologías destructivas» han permitido abusos contra los derechos humanos, declarando: «Estamos diciendo basta ya».
Esta postura refleja la política exterior de «Estados Unidos Primero» de la administración Trump, que alinea el monitoreo internacional de los derechos humanos con su agenda nacional. Las directivas tienen como objetivo responsabilizar a los gobiernos extranjeros por prácticas consideradas incompatibles con los valores estadounidenses sobre la vida, la libertad de expresión y la igualdad.