La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla contra los responsables de la destrucción de la cruz de San Lázaro, situada en la Plaza de Santa Marta de la capital hispalense.
La organización de juristas considera que el o los responsables del ataque podrían haber incurrido en un delito contra el patrimonio histórico (art. 323.1 CP) con el agravante de discriminación (art. 22.4 CP).
Abogados cristianos solicita al juzgado que investigue tales delitos y solicita el enjuiciamiento y condena de los atacantes.
Su presidenta, Polonia Castellanos, asegura que “lo tildan de vandalismo pero de nuevo el objeto del ataque es un monumento cristiano. Esto cada vez va a más. Los ataques a la libertad religiosa no pueden quedar impunes”.