El Observatorio para la Libertad Religiosa pide al papa su intervención para frenar la injerencia del Gobierno

La presidenta del OLRC recuerda que en el interior de la basílica descansan los restos de casi 35.000 personas, incluidas setenta beatificadas por la Iglesia católica, “por lo que la "resignificación" del lugar podría suponer incluso la profanación de sepulturas, algo de extrema gravedad para los católicos y para el respeto a la memoria de los fallecidos”

Lo hace a través de una misiva al secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Parolin. Según el OLRC, “la institución vaticana ya ha confirmado la recepción de la solicitud y actualmente trabaja en dar una respuesta”

Para la presidenta del Observatorio, León XIV “debe tomar cartas en el asunto para frenar los intentos del Gobierno de acabar con el Valle de los Caídos”.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha trasladado oficialmente a la Secretaría de Estado del Vaticano su profunda preocupación ante las recientes actuaciones del Gobierno de España sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en una carta remitida al Cardenal Pietro Parolin.

Esta institución envió hace un mes la misiva a Monseñor Parolin, cuyo secretario ya ha confirmado la recepción de la solicitud y actualmente trabaja en dar una respuesta.

León XIV “debe tomar cartas en el asunto para frenar los intentos del Gobierno español de acabar con el Valle”, considera María García, presidenta del Observatorio.

Plan de resignificación

García señala que la actuación del Ejecutivo en estos meses “es una injerencia a la libertad religiosa y de culto. El Gobierno, en un ejercicio de imposición ideológica, forzó la salida del prior benedictino y está impulsando un plan de resignificación que supondría, en la práctica, la desacralización de un lugar de culto y la eliminación de símbolos religiosos fundamentales, como las estaciones del Vía Crucis”.

La presidenta del OLRC recuerda que en el interior de la basílica descansan los restos de casi 35.000 personas, incluidas setenta beatificadas por la Iglesia católica, “por lo que la “resignificación” del lugar podría suponer incluso la profanación de sepulturas, algo de
extrema gravedad para los católicos y para el respeto a la memoria de los fallecidos”.

Acuerdos con el Vaticano

Según García, las actuaciones del Gobierno “contravienen los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que garantizan la inviolabilidad de los lugares de culto y su carácter sagrado, y representan una vulneración directa de la libertad religiosa y de culto de la Iglesia católica y
de los derechos de sus fieles”.

María García concluye: “Pedimos al Cardenal Parolin que salvaguarde la dignidad y el carácter religioso del Valle de los Caídos. La libertad religiosa es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a la voluntad política del momento”

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