La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una denuncia por malversación de caudales públicos (art. 432 C.P.) contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres.
Considera que existen numerosas irregularidades en la adjudicación a Tragsa de contratos por valor de 1,8 millones de euros para llevar a cabo las exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Denuncia además al presidente de Tragsa, Jesús Casas, por tráfico de influencias en la adjudicación de estos mismos contratos.
La organización de juristas aporta en su escrito un informe realizado por el Tribunal de Cuentas en marzo de 2024 que asegura que Tragsa realiza “una gestión de contratos sin control ni transparencia, subcontratando a terceros con graves deficiencias”.
Abogados Cristianos asegura que, según el Tribunal de Cuentas, “la Administración no justificó de manera suficiente la razón por la que se encargó a TRAGSA un contrato de tal envergadura, cuando en el mercado existen empresas con experiencia y capacidad técnica específica en exhumaciones arqueológicas y forenses.
La ausencia de motivación indica que la decisión pudo estar guiada por una influencia indebida, en lugar de criterios objetivos de contratación”.
El informe del tribunal recoge además cómo la empresa ha duplicado su facturación desde 2018 pasando de 800 a 1.720 millones de euros en 2023.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, “el gobierno está dando millones de euros a Tragsa para luego utilizarla para contratar a amigos y a chicas de compañía de sus ministros”.
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