Cuando el Imperio contraataca en Honduras

El gobierno de EEUU hará uso de promoción de los derechos humanos como pretexto para presionar al gobierno Hondureño a seguir sus políticas de izquierda.

Recientemente un grupo de senadores demócratas ha elevado una solicitud para que se suspenda la visa para EUA del presidente Juan Orlando Hernández y sus cuentas bancarias en este país del Norte. Estas medidas, en tanto tienen por objeto a un individuo respecto a las actividades que pueda tener en su país, no nos merece comentario. Pero la solicitud de los Demócratas no se detiene ahí, también plantea suspender la asistencia económica en materia de seguridad a este país centroamericano, hasta que se detenga la violación de derechos humanos y corrupción sistémica del gobierno de turno.  (The Honduras Human Rights and Anticorruption Act ).

Las razones para promulgar esta acta son dos serios problemas que aquejan a Honduras como deja ver su título, al menos en la forma. Por un lado, la innegable corrupción que corroe al grupo que ejerce el poder político en el país, evidenciado con más audacia en el desmanejo de fondos para atender la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Por otro lado, la alta tasa de violencia, que según ellos equiparan a la de una zona de guerra, aunque esas cifras han mejorado significativamente. De igual forma, nadie en su sano juicio podría discrepar de los objetivos de esta Acta. Efectivamente, estos dos flagelos, la corrupción y el irrespeto a la vida del otro, han pasado a ser aceptados en la idiosincrasia del hondureño en general, no sólo del político o funcionario público. Eso explica que, a pesar de alternancia de partidos políticos llamados de izquierda o derecha, sucede exactamente lo mismo: corrupción, impunidad y violación de derechos humanos. Por supuesto, no podemos ser ingenuos y pensar que el ala más radical de los Demócratas actúa por simple impulso bienhechor.

LAS BAMBALINAS TRAS EL HONDURAS HUMAN RIGHTS AND ANTICORRUPTION ACT

Son las razones de fondo las que exploraremos aquí. En primer lugar, hay que señalar que en el tapete de discusión entra obligatoriamente la crisis migratoria en la frontera sur de EUA. Son miles de hondureños los que se agolpan buscando el sueño americano o al menos huir de la pesadilla hondureña en contexto de la desolación económica dejada por la crisis del COVID-19 y el paso de los huracanes ETA e IOTA a finales del 2020. La administración Biden -Obama 2.0-, no arriba a presentar una reforma migratoria que no pase factura entre su electorado. Les urge encontrar medidas que obligue a los países del triángulo norte a hacerse responsables de detener a los migrantes, pero sin verse cercanos a la doctrina del America First de Trump (cabe señalar que esta administración reforzó la ayuda en materia de seguridad precisamente para mejorar el entorno centroamericano, desmotivar migraciones y combatir el narcotráfico).

He aquí que entra el consabido recurso de hacer uso político de los derechos humanos, leit motif de la izquierda, para presionar a los gobiernos que no son del agrado de las alas más extremistas del Partido Demócrata, como Sanders, Warren y otros asesores ideológicos de extrema izquierda. Una de estos asesores, la profesora universitaria Dana Frank vive su propia cruzada imaginaria contra Honduras desde el 2009. El delirio de la profesora Frank, asesora de los senadores Demócratas mencionados, lleva a invisibilizar la realidad grotesca de gobernantes hondureños que fueron descaradamente aliados con narcotraficantes de la talla de Joaquín Guzmán, el Chapo. Éste último obsequió un jet al expresidente Zelaya cuando estaba en funciones en plena luz del día, sin ser objeto de Acta Anticorrupción ni condenas de los intelectuales orgánicos del Partido Demócrata como la profesora Frank, sino más bien ha sido exaltado por ella junto a otras divinidades del socialismo latinoamericano como Castro, Chávez o Maduro. La defensa de Frank para este gobernante hondureño, y por ende del Partido Demócrata, por más de once años refleja la fuerza de una agenda que no tiene nada que ver con combatir la corrupción en Honduras (recientemente este personaje fue detenido en el aeropuerto de Honduras rumbo a México con más de US$18,000.00 en efectivo sin dar explicaciones de su procedencia). Tampoco se pronunciaron por la sangre de hondureños que se vertió por la violencia, incluyendo la de periodistas críticos al presidente Zelaya durante su administración. Está claro que ni el narcotráfico ni los derechos humanos les preocupa, a menos que se pueda utilizar por el espectro político correcto.

LOS ECOS DE BLM Y FLOYD EN HONDURAS

Es un hecho que la seguridad es un punto crítico en Honduras, pero también que en el río revuelto de la criminalidad se quiere crear casos emblemáticos que permitan empujar ganancias en las agendas políticas, sobre todo en año electoral. Es así como una serie de eventos lamentables que han ocurrido están siendo utilizados para protagonizar exigencias que hacen mucho eco a lo sucedido en los EUA el verano 2020. Por ejemplo, apenas pasada la muerte de George Floyd, cuatro garífunas (etnia afrohondureña) desaparecieron en circunstancias que asemejan mucho las utilizadas en los ajustes de cuenta por el narcotráfico local. Pero las redes de defensa de pueblos originarios rápidamente y sin evidencias, procedieron a tipificar el hecho como violencia gubernamental. Recientemente, una joven estudiante de enfermería falleció en un hospital tras ser traslada ahí desde una estación de policía en circunstancias no esclarecidas aún. Ya las protestas han causado destrozos en la propiedad pública y enfrentamientos con la policía. La muerte de la activista ecologista radical Bertha Cáceres, por cuyo caso ya se han realizado juicios, condenas, aparece también mencionada en el Acta, y así será per saecula saeculorum.

Es así como los senadores Demócratas, se entusiasman en proyectar sus propios fantasmas, como el racismo en un país con más del 90% de población mestiza. Y se aventuran a exigir que se prohíban las compras de materiales de seguridad (gases lacrimógenos, apoyo a las instituciones de seguridad) para lanzar la versión hondureña del Defund the Police en los trópicos. Lo paradójico es que es la misma policía que con sus equipos han defendido el propio recinto de la Embajada Americana de los ataques de radicales de izquierda en un par de ocasiones. Si las medidas llegaran a entrar en vigor, tendría por efecto, entre otros, orillar al gobierno a acudir a otros proveedores en el mercado de los pertrechos, tales como Israel, Taiwán o la propia China. O recrudecer la violencia, inseguridad y… migraciones.

Por último, pero no de menos importancia, toca tomar en consideración el reciente blindaje de la constitución del país frente a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Ambas iniciativas reiteradamente  presentadas en los últimos años (el último intento fue en las reformas del código penal). Es sabido que la administración global de la ONU, la Unión Europea, los organismos internacionales de financiamiento y la administración Biden, son abogados del control de natalidad en todas sus formas: aborto legal, promoción de teorías de género, etc. Pero también es sabido que no es lo mismo militar con el estómago por todas esas causas, donde a los dueños de los feudos en ONG más les preocupa aumentar los desembolsos presupuestarios que se agencian en Europa y EUA, que moverse con la convicción de las ideas y del patriotismo por el terruño. El hecho que en Honduras se bloqueara sorpresivamente para  cualquier intento de legalización del aborto, sin dejarlos disfrutar lo conseguido en Argentina, es sin duda la mayor pedrada infligida a las cabecillas del poder global desde tiempos de David y Goliath. Y como tal, debemos esperar represalias.

La administración Biden y el Partido Demócrata, como voceros y representantes de ese poder global, neocolonialista e imperial, buscan ejemplarizar la región con la quema de hombres de paja. Presionarán en la ocurrencia de que coyunturales barones de corrupción y violación de derechos humanos enfrenten la justicia. Pero lo hacen con la hipocresía de no condenar por los mismos hechos a sus aliados de izquierda local.

El imperio contraataca selectivamente, con el apoyo de quienes en los años 80 condenaban rabiosamente la injerencia norteamericana.

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