La ministra es madre de 3 niños, es madre de familia numerosa y es madre trabajadora. Y nada de eso le importa. Es como si ella fuera única en su especie. O que no necesita mendigar por las esquinas cualquier ayuda, beneficio, deducción, rebaja o consideración fiscal, económica, laboral y social.
La ministra ha votado en Consejo de ministros el pasado 2 de febrero de 2021 el RD 3/2021 por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
Y estas medidas penalizan a las familias en función del número de hijos. A más hijos, más recortes en el complemento por maternidad.
Claro que, a lo mejor el gobierno entiende que la brecha de género es porque los salarios de las mujeres son más bajos que los de los hombres, solo por ser mujer. Bien, podría ser. ¿Entonces qué sentido tiene incorporar como dato el número de hijos? ¿Es acaso el cuidado de los hijos que recae mayoritariamente en las madres y eso les afecta en su vida laboral?
Quizás también toda esta legislación nos transmite la idea de que la vida laboral es fundamental y el motor de nuestras vidas, el sol alrededor del cual giran los planetas, las personas.
Y que la familia es una cosa más, por supuesto totalmente prescindible. Más aún, es un capricho de las personas, como irse de vacaciones a las islas Hawái.
Ministra de Igualdad, igual que las personas tenemos dos dimensiones, una física -nuestro cuerpo- y otra dimensión espiritual -nuestra alma-; la respuesta a la llamada para formar una familia también tiene dos dimensiones. La personal y la social. De ahí se desprende que la familia pertenece al ámbito privado, pero con proyección social.
Vamos, que la familia es la célula básica de la sociedad. Y que sin ella no habría sociedad. Habría otra cosa, que es a lo mejor a donde quieren llegar. Imponernos otra cosa, más manejable igual.
Pero retomemos el objetivo de esta carta. Como ministra de Igualdad y defensora a ultranza de la mujer, de la madre trabajadora, de tener hijos, … ¿Cómo vota en contra de todo eso? ¿Cómo impone un recorte de forma vergonzante, como un ladrón en la oscuridad de la noche, a las mujeres-madres-trabajadoras, beneficiarias de una pensión, hurtando el complemento por maternidad?.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019 puso de manifiesto la defectuosa configuración legal del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en tanto compensación por aportación demográfica. Y la necesidad de proceder a su redefinición ofrece la oportunidad de convertirlo en un instrumento eficaz en la reducción de la brecha de género en las pensiones.
Pues bien, esta redefinición o RD 3/2021 infringe la legislación de la UE discriminando a las madres (y padres) con más hijos frente a quien sólo tienen 1 hijo, y por extensión a los hijos con hermanos frente a los que no tienen hermanos. También a las trabajadoras más modestas con 3 hijos o más, y a las minorías étnicas europeas o radicadas en Europa, ya que la realidad socioeconómica española es que estos colectivos son más fecundos que la media.
Se violan leyes, cartas, reglamentos, disposiciones, artículos, directivas, …
El Gobierno español, al que pertenece la ministra de igualdad, ha aprovechado la velocísima ejecución de la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18) para transmutar un complemento de pensiones mediante el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero. Por consiguiente, ha tardado menos de dos meses en ejecutarla, cuando es público que el mismo Gobierno tarda años con otras sentencias del mismo Tribunal de Justicia. Así, lo ha hecho de forma torticera y mediante un mecanismo abusivo (el Real Decreto-Ley) que no permite la idónea participación pública en la elaboración de las normas, como sucede en cualquier Estado de Derecho de la Unión.
La mala fe del Gobierno español para ejecutar engañosamente esa Sentencia -usándola como falsa cobertura- se constata al volver a emplear argumentos que ya adujo ante el Tribunal y que éste no asumió.
Sin siquiera consulta previa a las damnificadas/os por la reforma de la normativa objeto de cuestión prejudicial, el Gobierno español culpa de manera espuria a la Unión Europea de obligarle a pasar de discriminar a los padres frente a las madres, a ahora introducir otra discriminación entre madres y padres con más o menos hijos, y a progenitores de minorías étnicas o con pequeños salarios. Y lo hace recurriendo al mismo argumentario que utilizó para defenderse ante el Tribunal y que éste desechó.
Despreciando la Justicia material que inspira al Derecho de la Unión, el Gobierno español –de forma incomprensible- castiga y discrimina a las madres (y a los padres) que tienen 3, 4, 5 ó más hijos, a pesar de ser irrefutable que cuantos más hijos tenga una madre (o padre) mayor es su dedicación a ellos y mayores sus hándicaps en la carrera profesional y en la capacidad de complementar sus pensiones por los menores ingresos y los mayores costes que conlleva la crianza de más hijos. Introduce así otra nueva desigualdad que viola derechos fundamentales.
El Gobierno español, con una astucia que avergonzaría a cualquiera, hurta pues un derecho social reconocido por una norma jurídica, aduciendo que le obliga la UE, cuando la Sentencia europea sólo le decía que debía aplicar el mismo derecho a los padres y no sólo a las madres.
Es tal la afrenta a la Justicia y al Derecho, que la propia Comisión Europea ha de velar por que el Gobierno español interprete el Derecho de la UE tal y como le dice el Tribunal de Justicia, y no usar una Sentencia suya para desvirtuar a ese Tribunal y a las restantes Instituciones de la UE. Por este motivo y por los demás que se exponen, la Comisión Europea debe expedientar por infracción al Estado Español, dado que su Gobierno ha obrado con oscura picaresca, algo insólito en otros Estados.
En suma, el Real Decreto-ley 3/2021 discrimina y desvaloriza a las mujeres con 3 hijos o más (también a los hombres, aunque sean menos), y muy especialmente a las mujeres con más de 4 hijos, y trueca una discriminación por otra, discriminando por añadidura a las minorías y trabajadoras/es que son más fecundas con salarios muy pequeños.
La realidad social a la que discrimina esa norma es la siguiente. En la mayoría de las familias numerosas trabajan ambos padres (el padre en el 91% y la madre en el 67% de los casos)
En lo económico, el estudio confirma que las familias numerosas no disfrutan de una situación muy desahogada, sino que, por el contrario, tienen que apretarse el cinturón. Y es que el 38% de las familias numerosas –hogares compuestos por un mínimo de 5 personas- no supera los 2.500 euros al mes y otro 10% ingresa mensualmente menos de 1.200 euros. (O sea, menos de 500 euros/mes per cápita).
La capacidad de ahorro en estos hogares es muy escasa, sólo consiguen ahorrar algo cada mes el 27%, una circunstancia que condiciona el futuro de estas familias, que viven muy al día y sólo 1 de cada 4 (el 24%) cuenta con un plan privado para la jubilación. Y casi 3 de cada 10 familias numerosas en España viven con menos de 1.500 euros al mes. En Save the Children han calculado que, de media, la crianza de un hijo o hija cuesta entre 400 y 600 euros al mes. Teniendo en cuenta que el salario bruto más frecuente en España es de 1.375 euros mensuales y que las políticas de ayuda a la infancia son muy limitadas, tener los hijos o hijas que se desean es impensable para muchas familias.
Aún así, hay más de 700.000 familias numerosas en España y como acabamos de describir, dificultad en llegar a fin de mes, imposibilidad de ahorro pues casi todo se emplea en el cuidado, manutención y escolaridad de los hijos, obstáculos para tener cubiertos los años de jubilación con pensiones privadas, …
Y viene el gobierno y se reúne en Consejo de ministros y votan todos, tú también ministro de igualdad, que las madres con más hijos se ven penalizadas por ese número de hijos, después del esfuerzo, tiempo y capital invertido en cuidar hijos como futuros cotizantes.
Bochornoso cómo el gobierno y el ministerio de igualdad, el de inclusión y el de derechos sociales, discriminan y desvalorizan a madres de familia numerosa, robando un derecho social reconocido por una norma jurídica en el complemento por maternidad en la pensión. ¡Qué astucia para hurtar a los que más hijos aportan!
Esto lo denunciaremos ante la Comisión Europea. Las familias numerosas iremos a la UE para defendernos de esta discriminación y negación de lo que en justicia nos corresponde.