Política española acusada por un delito de incitación a la práctica sexual a menores por permitir una gincana sexual

REMITIDO. La justicia no puede dejar impunes estos comportamientos. No podemos permitir que los políticos vulneren nuestros derechos fundamentales"

La organización de juristas acusa a Montserrat Gual de ser la responsable de esta gincana en la que los menores realizaron y presenciaron actividades de implicación sexual sin el consentimiento de los padresLa acusa además de un delito de exhibicionismo

Abogados Cristianos denuncia además ante la Agencia Española de Protección de Datos al Ayuntamiento de Vilassar por difundir imágenes de los menores sin autorización de los padres. 

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que “la dimisión de la concejal es un reconocimiento de su responsabilidad.

La Fundación Española de Abogados Cristianos se querella contra la concejal de Juventud de Vilassar de Mar, Montserrat Gual, por un presunto delito de incitación a la práctica sexual a menores de 16 años [Art. 183 bis CP] y otro delito de exhibicionismo [Art. 185 CP].

La organización de juristas acusa a la edil de ser la responsable de una gincana dirigida a niños desde 12 años en la que los menores realizaron y presenciaron actividades de índole sexual sin el consentimiento de los padres.

Denuncia que los menores realizaron actividades como “colocar un preservativo con la boca en un plátano o un palo, untarlo con miel y nata y lamerlo”, “visionar láminas con posturas sexuales del Kama sutra”, o “emular actos sexuales: las chicas con el culo en pompa y el chico por detrás con un globo en medio tratando de reventarlo haciendo movimientos que simulan la práctica sexual”.

Abogados Cristianos presentará además ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa por la difusión de imágenes de los menores sin autorización.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda que “los padres tenemos el derecho a decidir sobre la educación que reciben nuestros hijos. Estas actividades no sólo no son educativas, sino que constituyen un delito”.

“La dimisión de la concejal no es más que un reconocimiento de su responsabilidad. La justicia no puede dejar impunes estos comportamientos. No podemos permitir que los políticos vulneren nuestros derechos fundamentales”.

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