La organización de juristas solicita medidas cautelarísimas para pedir la retirada de dichas guías al considerar que el Ayuntamiento no tiene competencias en educación, además de asegurar que estos documentos vulneran el derecho constitucional de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Las píldoras formativas contemplan la actuación en niños desde educación infantil hasta secundaria y proponen cuestiones puramente ideológicas como celebrar el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, dar charlas sobre las hazañas LGTBi o crear baños trans inclusivos.
Abogados Cristianos alega que las píldoras recogen afirmaciones que carecen de cualquier validez probatoria, ya que no se especifica el trabajo de campo que ha llevado a tal conclusión.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “no podemos consentir que un Ayuntamiento, que tiene una deuda de cerca de 300 millones de euros, gaste medio millón de euros anuales”.